uno de esos delitos que causan estupor cada vez que salen a la luz.
contribuir a su erradicación, el informe
publicado por Save the Children,
sistema judicial
sentencia se duplicó entre 2020 y 2022. Además, algunas víctimas se ven
obligadas a declarar hasta en tres ocasiones antes del juicio.
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| / Pixabay/ ctxt |
preocupantemente retratado cuando se trata de juzgar delitos contra la
libertad sexual de personas menores de edad. Sobre todo al observar cómo
está empeorando la situación en los últimos años. Si bien los procesos
judiciales ya fueron largos en el periodo 2019-2020, hasta un 67,3% de
ellos llegaron a resolverse antes de los dos años, lapso temporal que el
informe define como “tiempo deseable”. Sin embargo, los datos
pertenecientes al bienio 2021-2022 reducen mucho esa cifra, ya que solo
el 23,5% de los casos fueron resueltos dentro de ese tiempo deseable. Es
decir, casi ocho de cada diez abusos sexuales a niños, niñas o
adolescentes no fueron resueltos en los dos primeros años tras iniciar
los procesos judiciales.
Por si esto fuera poco, entre las páginas de la publicación se alerta
sobre la existencia de casos en los que la víctima se ve obligada a
declarar hasta en tres ocasiones antes de que se produzca el juicio,
ello a pesar de que la normativa internacional sobre protección de los
derechos de los niños y niñas recomienda reducir al máximo el número de
veces que se entrevista a este tipo de víctimas menores de edad. Así, el
sistema fuerza a estas personas a entrar en una dinámica de
revictimización o victimización secundaria en la que, una y otra vez, se
ven obligadas a revivir un hecho traumático desde su posición de
víctima.
En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por personas del entorno conocido de las víctimas
Resulta interesante también el estudio realizado en el informe sobre
el perfil de las víctimas y los agresores, ya que permite hacerse una
idea bastante definida acerca del panorama actual de los delitos contra
la libertad sexual infantil.
En 2021-2022, el 82,9% de las agresiones fueron cometidas por
personas del entorno conocido de las víctimas. Dentro de esta categoría,
se percibe un cambio sustancial en cuanto al porcentaje de agresores
pertenecientes a la familia de la persona agredida; mientras que en los
años 2019-2020 esta fue, con diferencia, la procedencia más común de
este tipo de delitos (49,5% frente al 34,5% de personas conocidas, pero
no de la familia), en 2021-2022 hubo una reducción significativa de
agresores familiares, que representaron el 40,6% de los casos, por
debajo del 42,3% conformado por los agresores procedentes de entornos
conocidos no familiares.
Con respecto a las víctimas, los datos publicados por el Ministerio
del Interior en 2021 demuestran que en este caso también existe una
desigualdad que perjudica enormemente a las mujeres. De todas las
denuncias presentadas durante ese año por delitos contra la libertad
sexual que tuvieron como víctima a niños, niñas o adolescentes, en el
82,7% de las ocasiones se trataba de agresiones cometidas contra el
género femenino.
Y la realidad es que no se trata de un delito excepcional, sino todo
lo contrario:
casi la mitad (48,8%) del total de delitos contra la
libertad sexual tienen como víctima a niños, niñas o adolescentes