Vuelta al cole: endeudados por derechos.

Esa normalidad no debería ser tal. Que una familia se tenga que
endeudar para que sus hijos puedan acceder al ejercicio de un derecho
fundamental, el de la educación (así reflejado en la Constitución
Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño), es cuando
menos discutible desde una perspectiva de derechos humanos y de equidad.

El desembolso de estos costes llamados “indirectos” (pero muchos
de ellos en realidad imprescindibles para la escolarización) se produce
este año en un contexto de muy alta inflación que está golpeando a toda
la ciudadanía, pero de forma especial a las familias con niños y a los
hogares con menos ingresos.

A los hogares con bajos ingresos porque el actual aumento de
precios se está cebando particularmente en productos básicos de consumo:
alimentos, energía y suministros básicos de la vivienda que tienen un
peso muy importante en la cesta de la compra de las familias. Además,
con los altos incrementos de precios de muchos de ellos, muy por encima
del índice general, se dificultan las posibles estrategias de ahorro, ya
que no hay productos sustitutivos más baratos a los que acudir —como la
pasta, la harina o el pollo— porque precisamente son estos lo que más
están subiendo.

Y a las familias con niños y niñas a cargo porque su gasto medio
es mayor y porque esa diferencia de gasto respecto a los hogares sin
hijos se da de forma también especial en ámbitos muy castigados por la
subida de precios como la alimentación y el transporte. Por ejemplo, una
pareja con dos hijos gasta de media 1.500 euros más al año en
alimentación que una sin ellos. Los datos de la Encuesta de Presupuestos
Familiares en estos apartados vienen a desmentir el aforismo: donde
comen dos no comen tres.

Este diferencial de gasto entre hogares con hijos o sin ellos es
obvio también en el gasto educativo. El actual panorama económico,
además del obstáculo general que estos desembolsos suponen al ejercicio
del derecho a la educación, nos sitúa en un escenario aún más
preocupante por su incremento. Algunos ejemplos: el coste de los
productos en papel (incluidos los cuadernos escolares) ha subido un 23%
anual, lo que hace previsible un incremento significativo del precio de
los libros de texto (como ya están avanzando algunas encuestas privadas)
o de los servicios de comedor, impulsados por el incremento de los
productos de alimentación y la energía.

¿Qué hacer para afrontar esta situación tan complicada para
muchas familias? Para Unicef España resulta desesperante ver cómo en las
sucesivas crisis de los últimos años los niños, niñas y adolescentes (y
también los jóvenes) han pagado un precio desproporcionado en términos
de incremento de la pobreza o exclusión social. No es accesorio recordar
que muchos adolescentes de este país están afrontando con sus familias
la tercera crisis de sus vidas.

Es justo reconocer que en los últimos años se han realizado
avances importantes en la protección social de la infancia, a través de
una mayor inversión y sensibilización sobre los efectos tremendamente
negativos que la pobreza tiene en los niños y niñas (y en el país), pero
tenemos como asignatura pendiente una prestación universal de apoyo a
la crianza. Una prestación que actúe de forma preventiva, pero también
reparativa, frente a las crisis y su impacto en las familias. Los países
de nuestro entorno que cuentan con esta medida, la gran mayoría, son
mucho más efectivos reduciendo la pobreza infantil que el nuestro, a la
cola de Europa junto con Malta en este aspecto. Reconocer la importancia
de la crianza, también económicamente, es además un paso adelante para
afrontar el inquietante panorama demográfico que se nos dibuja a medio
plazo.

Junto con esta medida de carácter general, puede haber otras más
centradas en los costes educativos. Unicef España respalda la petición
que el Comité de los Derechos del Niño hizo a España en 2018 para que
“garantice el acceso a la enseñanza obligatoria de buena calidad para
todos los niños, lo que incluye sufragar los costes indirectos conexos”.
Acciones de urgencia recientes como la reducción de precios del
transporte y el incremento de becas de bachillerato, y otras con más
recorrido, como el préstamo de libros de texto, contribuyen a reducir
estos costes, pero el escenario de estas medidas es todavía muy desigual
en los distintos territorios y no siempre garantizan que las familias
que más lo necesitan accedan a ellas.

Algunas de la metas y objetivos del recién aprobado Plan de
Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea
enlazan directamente con esta necesidad de eliminar las barreras
económicas para el acceso a la educación, pero el horizonte del Plan
(2030) se antoja demasiado lejano cuando estas políticas ya eran
necesarias desde hace tiempo, y este año aún más.

El camino hacia una deseable gratuidad universal de estos
materiales y servicios podría empezar por lograr que todas las becas y
ayudas educativas (de libros, de comedor, de transporte) sean
consideradas un derecho subjetivo del niño, es decir, que no dependan de
la generosidad (o no) de los presupuestos de cada año de la
administración responsable, sino que todos los niños y familias que se
encuentren en situación de riesgo de pobreza tengan el derecho de
recibirlas en un importe suficiente para compensar los gastos, o puedan
acceder a estos servicios de forma gratuita.

Un paso necesario para que no haya por qué endeudarse para ejercer derechos fundamentales.