la mayoría menores, en un cementerio olvidado situado en el internado
Marieval, en la provincia Saskatchewan, en Canadá. Unos días antes, el
28 de mayo, otro grupo indígena, los tk’emlúps te secwépemc, de la
provincia de la Columbia Británica, anunció el hallazgo de 215 cadáveres de niños en un internado de Kamloops.
«Durante más de un siglo, los objetivos centrales de la política
indígena de Canadá eran eliminar los gobiernos aborígenes, ignorar sus
derechos, terminar los tratados y, a través de un proceso de
asimilación, provocar su extinción como entidad legal, social, cultural,
religiosa y racial diferente», señala en su primera frase el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá, publicado en 2015.
«El establecimiento y funcionamiento de las escuelas-residencia
fueron un elemento central de esta política, que se puede describir
mejor como genocidio cultural», sostiene el documento. El sistema
comenzó oficialmente en 1883 y el último centro cerró en 1996, aunque
la mayoría ya lo había hecho en los años 80. Llegó a haber 130 de estos
centros y muchos de ellos estaban dirigidos y gestionados por la Iglesia
católica.
«Estos hallazgos son solo la punta del iceberg. Lamentablemente,
vamos a ver más y más», dice a elDiario.es Heather Bear, vicepresidenta
de la Federación de Naciones Indias Soberanas, representante de los 74
grupos indígenas de Saskatchewan. «Esto es solo el comienzo y creo que
estamos destapando un legado para Canadá».
Las condiciones de los centros
La historia comenzaba con una carta de las autoridades o con el
cura, policía o agente indio de turno presentándose en casa. Los padres
estaban obligados a enviar a sus hijos a estas ‘escuelas’ y les
amenazaron con ir a la cárcel si no los mandaban. Muchos de esos menores
fueron trasladados a lugares remotos, las visitas estaban limitadas y
muy controladas y a los hermanos se les separaba. Todo con el objetivo
de romper lo máximo posible con su identidad de indígena y matar así al indio que había dentro del niño.
A su llegada se les cortaba la trenza (que a menudo tenía un
significado espiritual), se les cambiaba la ropa por un uniforme y sus
nombres indígenas por otros occidentales. Se les prohibía hablar en su
lengua materna y en ocasiones tenían que hacer trabajo forzado para
«financiar el funcionamiento de las escuelas», según detalla el informe.
«En algunas escuelas también eran esposados, maniatados,
golpeados, encerrados en sótanos y otras cárceles improvisadas o
exhibidos en cepos», señala el documento. Además, muchos sufrieron
abusos sexuales. Las condiciones sanitarias tampoco eran las adecuadas y
muchos de los niños fallecidos murieron por enfermedades, especialmente
tuberculosis. Según los datos de la comisión, al menos 4.100 niños murieron en los internados, aunque la cifra real probablemente es mayor.
Durante la mayor parte de la historia de estos centros, la política general era no devolver los cuerpos a las familias,
que incluso no recibían ninguna notificación. En cerca de la mitad de
los casos no se registró la causa de la muerte. Bear denuncia que ni
Canadá ni la Iglesia han entregado los registros oficiales de los
centros para saber el alcance de las muertes. «No podemos permitirles
suavizar esto más de lo que lo han hecho. Hay centenares de niños de los
que no sabemos nada», dice.
La comisión también recogió múltiples testimonios de abusos sexuales,
como el de Marie Therese Kistabish: «El cura me dijo que me
arrodillase. Lo hice y empezó a levantarse la sotana. Era una túnica
negra larga. Yo empecé a llorar y gritar para que me dejase ir». Otros
relatan en detalle tocamientos, violaciones, amenazas, etc.
«Fue un holocausto de nuestros niños. Eran campos de
concentración», dice Heather Bear. «La Iglesia y el Estado tienen que
reconocerlo. Recibimos una disculpa de Canadá, pero realmente no hemos
abordado el genocidio de nuestro pueblo. El Papa ni siquiera se ha
disculpado y admitido que ocurrieron atrocidades a manos de curas y
monjas».
«Hay que acabar con el racismo de este país»
En 2006, Canadá llegó a un acuerdo extrajudicial con las comunidades indígenas tras la presentación de la demanda conjunta más grande de la historia de Canadá
por parte de supervivientes de estas escuelas. En dicho acuerdo, además
de indemnizaciones económicas, se pactó la creación de la Comisión de
la Verdad y Justicia, que publicó su informe final casi ocho años
después del inicio de las investigaciones.
«Los canadienses han sido educados para creer en la inferioridad
de los pueblos indígenas y en la superioridad de las naciones europeas.
Esta historia y sus consecuencias, por tanto, no deberían verse como un
problema indígena. Es un problema canadiense», escribe en la introducción Murray Sinclair, presidente de la comisión y juez de origen indígena.
«Tenemos a nuestra gente caminando perdida sin idioma, sin
cultura, sin tradiciones y sin valores que han perdido con esta
política. Y eso es lo que necesitamos para sanar», dice. «Se nos ha
enseñado que el perdón consciente es el paso para la curación, pero ¿a
quién tengo que perdonar? ¿A Canadá, a la Iglesia, a Dios? Alguien tiene
que dar un paso al frente, admitirlo y ayudarnos a reparar nuestras
naciones porque el sistema actual, en el que se supone que somos
compañeros de igual a igual en esta tierra, está mal. [Nuestra
comunidad] sufre pobreza y desigualdad en todos los ámbitos».
«Cuando hablamos de los colonos, ha llegado la hora de acabar
con la discriminación y el racismo en este país. Ese mismo grupo está
construyendo otras instituciones como la penitenciaria, el control
policial… Los que las dirigen y controlan son todo colonos, no hay
indígenas. Las cárceles de todo el país están llenas de nuestra gente»,
denuncia. «La representación e indigenización parecen palabras muy
bonitas, ¿pero está ocurriendo?»
Bear, sin embargo, se muestra optimista cuando mira al futuro.
«Estamos haciendo todo lo que podemos para revitalizar nuestra cultura,
tradiciones, costumbres e idioma. No podemos cambiar lo que ocurrió en
el pasado, pero siempre hay un mañana».