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En diciembre de 2002, la Comisión Europea introdujo por primera vez en un Eurobarómetro la
“lucha contra la inmigración irregular” como una prioridad de acción de
la Unión Europea sobre la que preguntar a la ciudadanía. De hecho,
usaron el término ‘ilegal’, pero ya hace tiempo que tanto desde Naciones
Unidas (que lo apuntó por primera vez en 1973) como el Consejo de
Europa y las propias instituciones europeas aconsejan evitar este
adjetivo por su carga negativa, y porque deriva en la concepción errónea
(y contraria a derecho) de que existen personas que no son legales. El
dato no tendría mayor interés si no fuera porque, a partir de ese
momento, se sustituyó el debate sobre la gestión migratoria para
centrarlo en la lucha contra la irregularidad de los movimientos
migratorios, y este punto se convirtió en el centro de las actuaciones
de la mayoría de los países del denominado Norte Global al hablar de fronteras y de migraciones.
Sobra
decir, porque 20 años de disfunciones lo confirman, que esta obsesión
por el control fronterizo no ha servido para hacer mejor las cosas. De
hecho, ha consolidado un modelo de gestión externalizada de las
fronteras europeas que deja en manos de los países vecinos la seguridad
de estas, al precio que ellos quieran. Y ha alimentado un lenguaje
securitizado al hablar de los movimientos migratorios. No extraña, hoy,
oír hablar de invasiones, oleadas y otras expresiones apocalípticas en
referencia a cuestiones migratorias. Un discurso cuasi bélico que
deshumaniza y problematiza la realidad de muchas personas, pero que no
aporta soluciones. Porque 8.000 personas no son una invasión (porque a
nadie se le ocurriría definir con esta terminología la asistencia a un
concierto de música o a un partido de futbol). Pero 8.000 personas poniendo en riesgo su vida
sí son un ejemplo de la disfuncionalidad de unas políticas migratorias
que no dan respuesta ni a las realidades ni a las necesidades de los
territorios de origen, tránsito o destino. Y también son un ejemplo de
cómo las migraciones se convierten en elemento de negociación
geoestratégica (a costa, por cierto, de los derechos de las personas
migrantes) porque no se quiere afrontar su gestión. Por cierto, cuando
una cuestión como la migratoria se reconduce a la frontera, y aunque
parezca un contrasentido, es ya tarde para dar respuestas y soluciones
integrales.
Las anomalías en la gestión migratoria
alimentan la narrativa de la seguridad, y el vocabulario bélico facilita
que nuevos actores como el Ejército entren en estas cuestiones y
permite que algunos (sí, también países) se beneficien del discurso del
miedo. Generando recelos y odios que no aportan soluciones, que
deterioran la calidad del debate público y que construyen falsas
alternativas de gobernanza migratoria basándose en discursos e
instrumentos vacíos de contenido. Cambiar la narrativa debería implicar,
de modo previo, cambiar el modelo de gestión migratoria. Pero de esto
último parece que nadie quiere hablar.
*Gemma Pinyol-Jiménez es directora de políticas migratorias en Instrategies.