hasta que salta ante nosotros una noticia estremecedora
como la situación del abuso sexual a NNA en albergues de Panamá;
situación que ha generado enfado e indignación de la ciudadanía
y que ha provocado la reforma a la ley de adopciones.
Sin embargo, no tenemos tampoco que irnos muy lejos, ya que
la Fundación ANAR nos alerta a través de su último informe denominado “la
realidad silenciada de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes” a
través del cual hemos conocido datos muy duros de escuchar que nos muestran
que, en España, la protección de los niños, niñas y adolescentes es aún una
tarea pendiente y por cumplir.
Condiciones de vulnerabilidad social afloran todos los días
y no siempre son tan evidentes o conocidas. En particular, hay grupos de niños,
niñas y adolescentes que, por su condición social, económica, personal, se ven
expuestos a situaciones que afectan y vulneran sus derechos y su desarrollo
integral, y en casos como por ejemplo el abuso sexual, deja secuelas de por
vida.
España debe tomar en serio lo que sucede a lo interno de los
hogares, siendo que en contexto de pandemia y de confinamiento, las denuncias
han crecido. Situaciones que estaban allí antes de la pandemia, pero que se
agudizaron por el tiempo prolongado de encierro y por la falta de acceso
directo a espacios de denuncia y apoyo. El hogar y la familia según lo catalogó
el Estudio Mundial de Violencias de Naciones Unidas, es uno de los ámbitos
donde más se vulneran derechos humanos, donde hay expresiones sistemáticas de
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, donde se atenta a la
integridad y en algunos casos extremos hasta la vida. Las personas menores de
edad deberían estar seguras en ese entorno, sin embargo, no siempre es así.
El abuso sexual – de acuerdo con diferentes estudios y
expertos – se sabe que es en su mayoría ejercido por personas cercanas, de
confianza.
En materia de derechos humanos, cabe señalar que cuando se
comenten vulneraciones a los derechos humanos, a la persona, a la integridad,
intimidad y a la dignidad en espacios privados, se convierte en un asunto de
orden público, donde el Estado debe actuar sin más reparo. “Los niños, niñas y
adolescentes no son de la propiedad de los padres”, son personas con derechos,
con opinión y con autonomía y poder de decisión y criterio.
Es por ello que,
cuando se violentan y vulneran derechos humanos en espacios que están a
cargo de la institucionalidad; sean albergues, centros de protección, entre
otros, nos indigna, siendo el Estado quien debe fungir como garante de los
derechos humanos y quien debe poner en
marcha mecanismos de protección, detección temprana, alertas, protocolos y
políticas para prevenir y proteger a las personas menores de edad y formar a
través de un programa constante y bien concebido a todos y todas los/as
funcionarios/as y al personal que trabaja vinculado a estos espacios. Además,
se debe informar y formar a las personas menores de edad qué hacer para
prevenir o denunciar si es víctima de abuso sexual u otra forma de violencia, y
a dónde recurrir.
Otro grupo de población en riesgo o situaciones de
vulnerabilidad social, son las poblaciones migrantes y los que se encuentran en
condición o solicitantes de refugio. En ese sentido coincidimos con diversas
entidades sociales amigas, en la urgente necesidad de incluirles dentro de los
grupos prioritarios, porque sufren triple vulneración a sus derechos y hasta
discriminación y xenofobia (por ser menores de edad, por su condición de
migrante/refugiado y por su condición de pobreza) los cuales de por sí ya están
viviendo en contextos bastante difíciles durante el confinamiento y la
emergencia sanitaria.
Su dependencia a los servicios sociales, a la administración
y a la necesidad de contar con redes de apoyo, les hace aún más estar en
situaciones de mayor fragilidad. Otra de
las grandes preocupaciones para este grupo de población es garantizar su
regulación y de nuevo se ven sujetos a lo que decidan las autoridades
administrativas y las políticas migratorias. Ante estas realidades
contradictorias y desde el principio de la protección integral de la infancia y
la adolescencia, nos vemos inmersos y deseosos a que, en un plazo corto, se
logren soluciones duraderas que reviertan situaciones de amenaza y vulneración
de derechos, y se encamine la ruta hacia la posibilidad de ejercerlos
plenamente, con inclusión e integración social y con calidad de vida.
Dicha situación de irregularidad les dificulta el acceso a
ayudas y a acceder al derecho a una educación de calidad y a la salud. Los
llamados “sin papeles” son en el fondo personas menores de edad, que su única
falta ha sido llegar sin referentes familiares o con ellos, en búsqueda de
mejores condiciones de vida.
Una trama de dificultades se convierte en un círculo
perverso, por un lado el Estado debe garantizar los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, pero a la hora de
acceder a los derechos humanos, empiezan las limitaciones y los requisitos,
poniendo en jaque la universalización de los derechos humanos, como el derecho
a la educación, ya que sin permiso de
residencia, número de identificación de extranjero, no podrán obtener las
certificaciones necesarias para pasar a otra fase de su desarrollo y de la vida
adulta.
El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ya había
advertido al Estado Español, de la necesidad de ir unificando las disparidades
entre las comunidades autónomas. El derecho al acceso a servicios de salud para
estas poblaciones y sus familias, igualmente se ve afectado por estas
diferencias.
Pese a estos traspiés importantes que deben ser abordados
desde la Institucionalidad central y las autonomías, en colaboración con
entidades sociales, sector privado, academia, cooperación internacional y los
propios niños, niñas y adolescentes y sus familias, queremos cerrar con dos
notas positivas que se destacan entre muchas:
El desarrollo de una Estrategia de Salud para la Infancia y la
Adolescencia en Andalucía para el 2021-2025 destinada a asegurar el derecho a
la salud para los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, la instalación en
Canarias del primer Juzgado de Violencia contra la Infancia de España, lo que
muestra un avance enorme, con gran trascendencia y ejemplo para su réplica en
otras comunidades autónomas.
Con estas acciones, nos dan un respiro para poder volver a
tener esperanza de que es posible la transformación de los contextos adversos
que vulneran los derechos humanos y la construcción de sociedades justas,
solidarias, equitativas y respetuosas para con y por los niños, niñas y
adolescentes.
