exentrenador de un club de gimnasia artística de Betxí, un pueblo de
5.700 habitantes en la provincia de Castellón. Franch se aprovechó de su
relación de superioridad derivada de su condición de entrenador para
abusar de gimnastas menores de dos generaciones diferentes a lo largo de
más de 20 años. Las denuncias realizadas en 2017 fueron 12, pero sólo
en tres casos los delitos no habían prescrito. Ni la federación de
gimnasia valenciana ni la española (RFEG) abrieron una investigación
interna cuando las menores denunciaron a Franch a la Guardia Civil.
Estaban
obligados a hacerlo por los protocolos para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual que el Consejo Superior de Deportes (CSD) adoptó en 2013 y que ha actualizado a finales de 2020
para adaptarlos a la nueva Ley Orgánica de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia, aprobada el 9 de junio
por el Gobierno para su tramitación parlamentaria. Ese nuevo protocolo
se está aplicando ahora mismo en el CSD en el procedimiento abierto para
investigar las denuncias de dos gimnastas de rítmica del Centro de Alto
Rendimiento de León por insultos y trato vejatorio.
El proyecto de Ley endurece las penas, modifica los plazos de
prescripción de los delitos —que se empieza a aplicar cuando la víctima
cumple 30 años y no 18 como antes, para facilitar la denuncia que suele
hacerse en edad adulta— y apuntala un marco legislativo apenas sostenido
por el Convenio de Lanzarote, firmado por los 47 Estados miembros del
Consejo de Europa y en vigor desde julio de 2010. Más allá de ese texto,
la
actuación de las organizaciones españolas hasta 2019 frente al acoso y
el abuso sexual a menores en la actividad deportiva se limitaba a
campañas de concienciación, sin seguimiento, ni legislación para
proteger a los niños de manera efectiva.
queda casi siempre
en manos del coraje de los propios supervivientes.
Ahora
el CSD y las Federaciones afrontan el reto de implementar de manera
efectiva los protocolos y las medidas que garanticen el amparo. También,
según dicta la nueva ley, tendrán que hacerlo todas aquellas entidades
que realizan actividades deportivas con menores de forma habitual. El
reto es erradicar la violencia, el abuso y el acoso desde la iniciación
(clubes, escuelas municipales) hasta la alta competición.
La proyecto de Ley dedica un capítulo especial (el IX) al deporte y al ocio.
Obliga la red de Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, a
las Federaciones y Escuelas municipales a contar con protocolos de
actuación frente a la violencia que incluyen prevención, detección
precoz e intervención. Obliga a implantar un sistema de monitorización
para asegurar el cumplimiento de esos protocolos. Y recoge, por fin, la
petición de expertos y víctimas de abusos en el deporte para hacer
obligatoria la figura clave del delegado de protección.
Hay
países como Reino Unido que lleva tiempo empleándola y destacando su
importancia primordial. Él o la delegada de protección es la persona
encargada de velar por la seguridad de los menores, de garantizar que el
lugar de entrenamiento sea un lugar sano, donde reine la exigencia
física, pero no tengan cabida insultos, vejaciones, menosprecios,
abusos, ni ningún tipo de acoso. Es el primer mecanismo de control:
la pieza que se encarga de que se implementen los protocolos, de
escuchar a los menores, sus avisos sobre cualquier tipo de abuso, y de
trasladar sus denuncias a las autoridades competentes si son
constitutivas de delito.
En la legislación anterior, la
figura del delegado de protección no era obligatoria. Era requerida por
protocolos precedentes, pero, en la mayoría de los casos, si existía la
ejercía personal interno a las federaciones y sin ningún tipo de
formación específica. Se cubría el organigrama por protocolo, no de
manera efectiva. Para la prevención o gestión de casos de abusos y acoso
es fundamental la presencia de delegados formados que sepan observar,
detectar señales y actuar ante ellas. El CSD obliga ahora a que esa
figura tenga formación específica y se ha comprometido a dársela no sólo
a sus delegados, sino también a los de las Federaciones. Se ha decidido
externalizar esa formación y, a falta de la firma del contrato, el CSD
prevé iniciarla durante este mes de enero, coordinada por Bárbara
Fuertes, al frente de la subdirección general de deporte y mujer.
“Es
importante que se cambien hábitos, que las federaciones se acostumbren a
contar con especialistas en este ámbito, que se desarrolle y consolide
un tratamiento diferenciado para los menores y las mujeres. Hay inercias
que tienen que cambiar. El elemento educativo es clave, la ejemplaridad
que le corresponde al CSD, también”, afirma Joaquín de Arístegui,
director general del Consejo Superior de Deportes desde junio. El CSD ha
dispuesto la presencia de dos delegados de protección en el CAR: uno
para los menores residentes en la Blume y otro para los que entrenan en
sus instalaciones como externos o invitados. Además, ha decidido acotar
zonas específicas para que los menores estén especialmente protegidos.
“Donde el delegado pueda cumplir mejor su función”, matiza Arístegui.
¿El delegado de qué?
En
otoño algunas federaciones
respondieron con sorpresa y desconocimiento a la llamada de este
periódico para preguntar por la figura del delegado de protección: —”¿el
delegado de qué?”—. Otras dieron por hecho que, al tener delegado de
protección de datos, “seguramente” tendrían “también el de protección de
menores”, extraviado en cualquier caso en el organigrama. La Federación
de natación, en cambio, sí lleva años tomándose muy en serio esta
figura y formándola para las tareas específicas.
“Somos
un país de vanguardia en muchas cosas. En la protección del menor y en
la inclusión de la mujer tenemos que llegar a serlo también. Y para eso
el CSD utilizará todos sus recursos de persuasión y actuación”, explica
Arístegui. “Tenemos que extremar las medidas. Ser ejemplares en
controlar pequeños hábitos y comportamientos que en otros tiempos se
habían podido normalizar, pero ya no tienen cabida. Somos un entorno
social”, añade José Hidalgo, Presidente de la Asociación del Deporte
Español (ADESP) —que agrupa a todas las federaciones de deportes
olímpicos, no olímpicos y adaptados, salvo la de fútbol—. “Tenemos que
tener una sensibilidad distinta. Hay mucho por hacer y el deporte puede
servir para la concienciación social. Queremos hacer bandera de la
protección del menor, como herramienta ejemplarizante, y tiene que haber
una guía clara de actuación para atajar este problema”, completa
Hidalgo, que asume que, hasta la fecha, la voluntad va por delante de la
asunción de medidas y que muchas federaciones tienen “los deberes por
hacer”.
Los protocolos de 2013 que no se aplicaron en el caso de Betxí obligaban,
además, a adoptar una serie de medidas de prevención, y dejar claras,
por ejemplo, las funciones del entrenador (que no es un masajista).
Describían los riesgos potenciales asociados a las actividades
deportivas y las posibles medidas preventivas. En el pabellón de
gimnasia de Betxí nadie sabía nada de estas normas. Tampoco sabían, por
ejemplo, que no había que cerrar con llave la sala de fisioterapia; ni
que había que indicar el horario en que se utilizaba esa sala y por qué
profesional. No estaban colgadas en ningún sitio. A pesar de ser de
obligado cumplimiento. Es más, durante el juicio a Carlos Franch, Lucía
Guisado, seleccionadora nacional de gimnasia artística (llamada a
declarar como testigo), negó incluso que existiera el protocolo (las
Federaciones están obligadas a colgarlo en su web para recibir las
subvenciones del CSD). “En 2017 [año en que las niñas denunciaron] no
había un protocolo; se puso en marcha después [en realidad lo estaba
desde 2013]”, declaró en el juicio oral.
Esos protocolos
ahora se han renovado. De 10 páginas se ha pasado a 22. Se detallan las
situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia
sexual (y se hace especial hincapié en el llamado grooming, es
decir, la relación de desequilibrio de poder y dependencia que se genera
entre entrenadores y deportistas y las relaciones abusivas que
implica), se detallan las medidas preventivas, a quién y cómo pedir
ayuda, los protocolos de actuación, el comité asesor, la atención a las
víctimas y la evaluación, seguimiento y registro de los casos.
El
CSD ha hecho los deberes y los ha implantado en los Centros de Alto
Rendimiento y de Tecnificación (en los que tiene competencia). La
actuación de las Federaciones es desigual y va a rebufo. “Nuestro
protocolo [para el CAR] fue aprobado el 21 de septiembre. Después, las
federaciones son entidades privadas sobre las que nosotros debemos
ejercer la tutela y supervisión de las funciones públicas delegadas”,
analiza Txus Mardaras, subdirector de promoción e innovación del CSD.
El
Consejo mandó su protocolo a las federaciones para que estas pudieran
inspirarse en él y aportar o incorporar sugerencias. En las páginas web
de las federaciones más importantes, sin embargo, ni siquiera está
todavía colgado el nuevo protocolo. Siguen todas con el antiguo y muy escondido.
Al CSD le consta que “varias federaciones ya lo han adoptado”, otras
“esperan a que se convoquen las juntas para hacerlo”. Recuerdan que para
ser beneficiarios de las subvenciones del CSD “deben tenerlo adoptado y
publicado” y esperan que así sea “próximamente”.
“No queremos entornos cerrados”
”Aquí
recibimos deportistas seleccionados por sus respectivas federaciones y
lo primero que hacemos es tener una entrevista con sus padres. De los
2.432 usuarios de las instalaciones, aproximadamente el 21% son menores y
cada vez son más jóvenes porque el alto rendimiento empieza antes.
Buscamos el vínculo con la federación a través de sus tutores, a los que
les damos una beca de residencia. A las federaciones les pedimos que se
involucren en la vida diaria del deportista. Hay federaciones, como
gimnasia, que tienden al aislamiento, por su exigencia. No queremos entornos cerrados. El tutor vela por la buena integración de los niños”, prosigue Mardaras.
Una
demostración del “aislamiento” que reina en algunas federaciones es que
Karima Sánchez (la tutora que reside en la Blume, igual que José Ramón
López) no puede entrar al pabellón para ver los entrenamientos de
gimnasia femenina; sí los de masculina. Los tiene que ver desde fuera, a
través de la cristalera. ¿Por qué? “Cada entrenador establece sus
normas y a lo mejor quiere más intimidad en los entrenamientos”,
responde ella, contratada por la propia Federación de gimnasia.
En
la residencia y en el CAR hay menores de cinco deportes: golf,
gimnasia, judo, tenis de mesa y triatlón. Son 200 en total, que se
entrenan y estudian en las instalaciones, y 42 internos, que viven y
duermen en la residencia. “Hacemos un reporte mensual a las federaciones
de todo lo que ha sucedido durante el mes, (si alguien ha suspendido,
si alguien se ha puesto enfermo y hemos tenido que ir a urgencias, si
alguien se ha saltado las normas…) así tienen un control de todo lo que
pasa aquí dentro. La federación transmite toda la información al CSD y
ese mismo informe se utiliza para informar a los padres”, exponen Karima
y José Ramón.
La aprobación de la Ley de Protección a la
infancia llega tarde para las víctimas de abusos, pero no para todos
los menores que se desarrollan en todos los ámbitos, también en el
deportivo. El reto de las instituciones, en la aplicación de un texto
que nace con vocación de transformación social, es romper el silencio,
ventilar los entornos claustrofóbicos, desmontar las dependencias
nocivas, determinar sin excusas la línea entre disciplina y la
humillación, sensibilizar desde la educación, abordar la lacra como una
estrategia de protección global desde la base de la pirámide e invertir
en la formación de formadores. La comunicación como prevención. La
denuncia de cualquier indicio de violencia contra los menores ya es
obligatoria por ley, especialmente entre aquellos colectivos
profesionales que tengan un contacto habitual con menores. El deporte
español, de los clubes de barrio al CSD, pasando por las federaciones,
se enfrenta al compromiso inaplazable de la protección a los menores.
Para que el futuro crezca sano.
Joaquín de Arístegui: “Ante cualquier duda, abrir una investigación”
”Desde
que Irene [Lozano] ha llegado a la presidencia del CSD establecimos que
cuando haya sospechas de un caso, el planteamiento es: ante la duda, se
va a votar la investigación. El mensaje que hemos pasado a
entrenadores, federaciones, técnicos, deportistas, organizadores de
competición es: ante la duda aquí va a haber una intervención
inmediata”, cuenta Joaquín de Arístegui, director del CSD desde el
pasado mes de junio.
“Cuando a mí me llega que una madre de un deportista ha dicho que ha
oído esto, en dos horas se le está llamando, porque creemos que la ley
no solo tiene la voluntad de ser moderna e innovadora, revolucionaria en
cuanto a métodos y organismos, tiene que ser eficaz. Y para ser eficaz,
la inmediatez es fundamental en ese ámbito de protección. No hay
niveles intermedios, en cuanto hay una alerta de un caso, llega
directamente a mi oficina. Hay que evitar eslabones intermedios que a
veces no es que sean muy lentos, pero…”, abunda.
“El CSD es el órgano del gobierno encargado de las políticas públicas
del deporte. Y aquí no se puede elegir número, aquí no se puede elegir
una subvención. No es una opción ni es gradual. A mí no me va a venir
una federación por muy importante que sea: no mira, este año vamos a
empezar con que si solamente tenemos tres casos hemos mejorado. No, no,
este año se va a aplicar la ley íntegramente y aunque haya un solo caso
hay que publicitarlo, se tiene que hacer todo lo que hace falta, para
que haya una percepción de que el deporte es también un cauce de
educación, de divulgación y de reconocimiento de que hay que avanzar en
estas cosas. En algunos sectores del deporte necesitan un poquito de
pedagogía y creo que Irene Lozano es un perfil muy bueno para hacer
pedagogía. Vamos a ser menos tímidos en este CSD. Aquí no se puede jugar
eligiendo las cartas…”, concluye.