GINEBRA (22 de diciembre de 2020) – Un apagón de dos meses en
la Cañada Real, un asentamiento informal en la comunidad de Madrid, está
poniendo en peligro la salud de unos 1.800 niños y niñas, ahora que las
temperaturas se acercan a los 0 grados, afirmaron hoy expertos en
derechos humanos de las Naciones Unidas*, que pidieron al Gobierno de
España que restablezca de inmediato la electricidad a los hogares
afectados.
«Los niños y niñas de la Cañada Real Galiana están
sufriendo unas condiciones de vida extremadamente difíciles, y su salud
está en grave peligro», advirtieron los expertos. «Ahora que se acerca
el invierno, y especialmente durante la pandemia de COVID-19, la
electricidad debe ser inmediatamente restaurada.»
El último corte
de energía comenzó el 2 de octubre y afecta al menos a 4.500 personas,
particularmente en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana. El
asentamiento alberga a unas 8.000 personas que viven en una franja de 16
km de largo y 75 m de ancho establecida hace más de 40 años. Muchas de
las personas residentes son migrantes o romaníes.
«Las
temperaturas en Madrid continúan bajando, y al menos un bebé ya fue
llevado al hospital con síntomas de hipotermia», dijeron los expertos.
«Sin
electricidad, no hay calefacción ni agua caliente en las casas, lo que
significa que los niños y niñas no pueden ducharse ni lavarse
adecuadamente. Durante la pandemia COVID-19, cuando la higiene es más
importante que nunca, esto es especialmente preocupante.»
La salud
de muchos niños y niñas ya sufre las consecuencias: los que utilizan
sillas de ruedas eléctricas no pueden cargar sus baterías; los niños y
niñas con diabetes no pueden mantener la insulina a la temperatura
adecuada; los niños y niñas con autismo tienen problemas para adaptarse a
la falta de luz, y una niña que normalmente utiliza un equipo de
oxigenoterapia durante 15 o 16 horas al día ha visto impedido su uso.
«La
falta de electricidad no sólo viola el derecho de la infancia a una
vivienda adecuada, sino que tiene un efecto muy grave en sus derechos a
la salud, a la alimentación, al agua, al saneamiento y a la educación»,
dijeron los expertos.
Los niños y niñas no tienen luz para hacer
sus deberes y no pueden usar Internet para las clases que se están dando
en línea durante la pandemia. Además, las ONG que proporcionan apoyo
educativo esencial a los y las estudiantes fuera del horario escolar no
pueden funcionar porque carecen de calefacción y electricidad.
«Sin
una acción decidida para remediar inmediatamente esta situación, el
rezago educativo de los niños y niñas que viven en Cañada Real va a
empeorar aún más», dijeron los expertos.
Criticaron a las
autoridades que culparon de los cortes de electricidad a las
plantaciones ilegales de marihuana, y dieron a entender que las personas
residentes en el asentamiento informal son delincuentes.
«Pedimos
a las autoridades que dejen de estigmatizar a las personas inmigrantes,
a los miembros de la minoría romaní y a las personas que viven en la
pobreza», dijeron los expertos.
«Las personas que viven en la
Cañada Real necesita urgentemente el apoyo del Gobierno para lograr unas
condiciones de vida adecuadas, y no ataques verbales que provoquen la
hostilidad pública.»
Los expertos señalaron que han estado en contacto con el Gobierno de España de antemano para aclarar los problemas en cuestión.
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*Los expertos: Sr.
Balakrishnan Rajagopal,
Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a
la no discriminación en este contexto;
Sr. Gerard Quinn,
Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad;
Sra. Koumbou Boly Barry,
Relatora Especial sobre el derecho a la educación;
Sra. Hilal Elver,
Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación;
Sra. Tlaleng Mofokeng,
Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
Sr. Felipe González Morales,
Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes;
Sr. Fernand de Varennes,
Relator Especial sobre cuestiones de las minorías;
Sr. Olivier De Schutter,
Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos;
y
Sr. Pedro Arrojo-Agudo,
Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los
Procedimientos Especiales del Consejo de
Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de
expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el
nombre general de los
mecanismos independientes de investigación y supervisión del
Consejo que se ocupan de situaciones de países específicos o de
cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los
Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal
de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de
cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título
individual.
