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tiempo que facilita el acceso al mercado laboral de los menores
inmigrantes, el Gobierno de Pedro Sánchez ha complicado la situación
legal de miles de jóvenes migrantes que fueron tutelados por las
Administraciones cuando eran menores y que, al dejar de serlo, quedan
desamparados. Con una instrucción dictada hace tres semanas, el Ejecutivo ha endurecido los requisitos para que esos jóvenes renueven sus
permisos de residencia. A partir de ahora deberán acreditar que ganan
537 euros al mes —si tienen 18 años y solicitan por primera vez como
adultos permanecer en España— o 2.151 euros al mes —si después de un año
quieren renovar su residencia—. El Gobierno alega que esta nueva
exigencia responde a la necesidad de adaptarse a dos sentencias del
Tribunal Supremo, y busca ahora la fórmula para evitar que miles de
jóvenes queden en una situación de estancia irregular.
voy a encontrar yo 2.000 euros al mes si estoy haciendo unas prácticas?
Hace un año estaba durmiendo en la calle y en el albergue de Jerez, y
hoy aprendo sobre mantenimiento en un camping”, dice Rachid El
Massuodi, de 21 años, que vive en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Su
solicitud está pendiente de aprobación en la Subdelegación del Gobierno
en Cádiz, que le reclama que acredite un sueldo mensual de 2.151 euros
pese a que tiene 150 euros en el banco como todo capital.
comunidades autónomas acogen hoy a 12.417 niños y adolescentes; cuando
se hacen adultos, estas Administraciones o las ONG se hacen cargo de su
manutención mientras se siguen formando o hacen prácticas en empresas.
Hasta ahora las ONG podían amparar y responsabilizarse de sus gastos
corrientes ante las autoridades, que renovaban sus permisos de
residencia. Hace tres semanas el Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones cambió de criterio y remitió una instrucción para
exigir a estos jóvenes —en su mayoría marroquíes— que acrediten
“recursos económicos o los medios de vida propios suficientes”, según
expone el Gobierno en las peticiones tramitadas.
Sentencias “ineludibles”
cambio administrativo llega tras dos sentencias del Tribunal Supremo de
2018 y 2019 que establecieron que, según el Real Decreto 557/2011,
vigente desde hace ocho años, y la Ley de Extranjería, los jóvenes
migrantes deben contar con recursos propios y no procedentes de
terceros. Desde 2011, los sucesivos Gobiernos de PSOE y PP han hecho la
vista gorda y asumido la posibilidad de que las ONG avalaran a los
jóvenes migrantes, sin exigirles directamente a ellos el dinero; pero el
Supremo dice ahora que esa interpretación de la norma es incorrecta.
a las numerosas consultas recibidas desde las Oficinas de Extranjería,
aunque el criterio mantenido por esta Secretaría de Estado era de
flexibilidad para evitar la irregularidad sobrevenida, el cumplimiento de las sentencias es ineludible porque
crea jurisprudencia”, alega la instrucción de la Secretaría de Estado
de Migraciones. Fuentes de dicho Departamento avanzan: “Estamos
estudiando cómo aclarar el concepto de asistencia social [incluido en la
sentencia], vamos a intentar resolverlo con la mayor celeridad, es una
prioridad cómo flexibilizar los requisitos”. Mientras, las peticiones de
residencia pendientes de resolver se acumulan en las 68 Oficinas de
Extranjería.
ONG ha reclamado al Gobierno cambios legales de fondo que corrijan la
exigencia de tener ingresos propios a los jóvenes. Juan Molina dirige la
ONG gaditana Familias Solidarias para el Desarrollo y es portavoz de la
plataforma: “Es un paso atrás, una regresión. Es incomprensible que
este Gobierno haya dejado que esta situación se traslade porque la
sentencia es clara, son los fundamentos de Derecho y está en manos de
los legisladores cambiarlos. No pedimos la flexibilización de
condiciones, sino cambios legales de fondo para no estar en manos de la
buena voluntad del Gobierno de turno”, afirma. Esta ONG acoge en
Chiclana de la Frontera a 18 chicos y cuatro chicas, nueve de ellos con
contratos temporales en hostelería, peluquería, mecánica y carpintería.
sentencia del Supremo de 2019 abordaba el caso de un joven marroquí en
Barakaldo que en 2015 pidió renovar su permiso de residencia temporal
“de carácter no lucrativo”, avalado por la Comisión de Ayuda al
Refugiado en Euskadi y con ingresos de 559 euros mensuales. El
subdelegado del Gobierno en Vizcaya denegó la solicitud en virtud del
Real Decreto 557/2011”. Tras dos fallos judiciales favorables, el
Supremo también le dio la razón al Gobierno. Ahora, el Gobierno ha
endurecido los requisitos.
La odisea de hacerse mayor en España
El
día en que los menores extranjeros tutelados cumplen 18 años no tienen
nada que celebrar. Acaban de comunicarles que deben abandonar el centro
donde viven, así que recogen sus cuatro bártulos y se marchan para
siempre. Ya ni siquiera formarán parte de la estadística.
En el mejor de los casos alguna ONG les ayuda a instalarse en un piso y
les acompaña en los primeros meses de su vida adulta. En el peor de los
escenarios, el que enfrentan la mayoría de los extutelados, se
encuentran en la calle. Sin autorización de residencia, sin permiso de
trabajo y casi sin formación.
El número de extutelados que tramita y consigue una autorización de
residencia y trabajo en España es insignificante. En 2018 solo 65
jóvenes lo intentaron y apenas 54 lo consiguieron, según datos obtenidos
a través de la Ley de Transparencia. Son las cifras más bajas –aunque
similares– de los últimos cinco años.
Los números ilustran la dificultad de este colectivo para regularizarse
cuando dejan de estar tutelados por las comunidades autónomas. Los
requisitos burocráticos y económicos para poder trabajar son exigentes y
apenas los que cuentan con el apoyo de entidades sociales y un
empleador dispuesto a ofrecer un contrato de un año, enfrentar el
papeleo y el pago de las tasas consiguen cumplirlos. Las sentencias del
Supremo y la instrucción del Gobierno complican un poco más los trámites
de los que quieren renovar un permiso de residencia que no les permite
trabajar. El requisito de contar con recursos propios para su
manutención son los mismos que se les exigen por ejemplo a los
extranjeros que llegan a España a vivir su jubilación y que necesitan un
permiso de residencia pero no de trabajo. Las circunstancias de ambos
colectivos, sin embargo, son radicalmente distintas.
Los papeles son un problema incluso cuando son menores y la
Administración está obligada a facilitárselos: a 30 de junio del año
pasado solo un 21% de los cerca de 12.300 menores extranjeros
registrados tenía un permiso de residencia en vigor.
La transición de los menores extranjeros a la vida adulta es una de las
tareas que la Secretaría de Migraciones ha metido en su agenda. El
departamento estudia ahora cómo flexibilizar la aplicación de la norma a
través de una modificación del reglamento. Es decir, facilitar la
transición a la vida adulta de estos jóvenes, sin necesidad de cambiar
la ley. / MARÍA MARTÍN