La educación, que vence a la pobreza.

En los últimos años, la preocupación por las distintas caras y manifestaciones de la po­breza y, en particular, por la pobreza infantil ha ido transversalizándose y ganando posiciones en el discurso público y entre los distintos agentes políticos de nuestro país.

Conocemos los costes individuales que acarrean la pobreza y exclusión social de niños, niñas y adolescentes a lo largo de sus trayectorias vitales en términos de reducción signi­ficativa de sus logros educativos y perspectivas laborales, económicas, sociales y de salud.

Y sabemos también los costes económicos y de productividad que a medio y largo plazo genera la pobreza infantil para el conjunto de la sociedad (Cantó y González, 2023). En ge­neral, es cada vez más aceptado que reducir los niveles de pobreza y el riesgo de exclusión de niños, niñas y adolescentes no es tan solo una cuestión de justicia social para con la población infantil, sino también un objetivo a favor del progreso económico, el bienestar y la cohesión social del conjunto del país. 

Podemos atribuir el auge de esta consideración a tres factores concurrentes y asociados. 

En primer lugar, es obligado destacar la acción e incidencia de un buen número de entidades sociales y organizaciones preocupadas y ocupadas en la lucha contra la pobreza infantil.

En segundo lugar, siguen imponiéndose una realidad y unos datos alarmantes con respecto a los niveles de pobreza infantil. En concreto, En concreto, España es el tercer país de Europa con la tasa más elevada de menores en riesgo de pobreza y/o exclusión social (32,2 %, año 2022). Esta tasa, que en 2023 es del 34,5 %, se sitúa ocho puntos por encima de la correspondiente al conjunto de la población española (26,5 %) y apenas ha experimentado cambios desde 2015.

Todo esto recoge la variabilidad de grados de pobreza y exclusión social infantil apreciable entre las distintas comunidades autóno­mas, con tasas que van desde el 19 % (País Vasco) a cifras por encima del 40 % (Andalucía o Canarias)…