del Gobierno de Canarias ha editado un pequeño
libro en el que, con palabras sencillas, explica a los niños y niñas
cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los
atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de
tener que visitar un juzgado.
La obra, que lleva como título “Hoy vamos al juzgado” y está dirigida
a niños y niñas de entre 7 y 12 años, relata la historia de Ana y
Quique, dos menores de edad que tuvieron que visitar un juzgado porque
sufrieron una situación violenta.
A lo largo de sus 34 páginas, el libro recuerda a los niños, niñas y
adolescentes que tienen derechos como el que se les escuche y que sus
opiniones se tengan en cuenta, a recibir información en un lenguaje
claro y sencillo, y a contar para su defensa con un abogado o abogada, y
con otros profesionales.
También se explica a los menores la importancia de buscar ayuda para
resolver situaciones como las vividas por Ana con quien pensaba que era
su amigo, en el que confiaba, y que tanto presumía de ser mayor de edad.
Igualmente, se describen las funciones que desarrollan los
principales actores del sistema judicial, jueces, fiscales, abogados y
letrados de la Administración de Justicia, así como su personal de
mantenimiento, limpieza y seguridad para que todo funcione
correctamente.
Entre los objetivos del libro, tal y como queda expresado en sus
últimas páginas, es dar a conocer a los niños y niñas a las personas que
les pueden ayudar y proteger cuando lo necesiten, tanto ellos como sus
amigos, porque “lo importante es compartir siempre cómo nos sentimos,
buscar ayuda
cuando la necesitemos y saber que nunca estamos solos ni solas”.
Según ha señalado Julio Pérez, “esta iniciativa, financiada con
fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pretende dar
cumplimiento real a las medidas que se prevén en la Ley 8/2021, de
Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia y
que, en su artículo 10, reconoce el derecho de niños, niñas y
adolescentes a recibir información y asesoramiento en un lenguaje claro y
adaptado a sus circunstancias a través de formatos accesibles con
carácter universal. Se pretende, en suma, que cuando una persona menor
de edad se vea en el trance de intervenir en un proceso penal, se
minimice al máximo su impacto y reciba un trato y atención adecuado a su
edad y situación”.
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