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| Pablo Blázquez / Save The Children |
Una oportunidad histórica para una de nuestras realidades más
vergonzosas. Casi uno de cada tres menores en España vive en riesgo de
pobreza. Hogares que no pueden renovar sus gafas o donde pasan frío en invierno.
La cuarta economía del euro es tercera en el podio de la pobreza
infantil en la UE. Bruselas ha puesto en marcha una inédita medida, la
Garantía Infantil Europea, por la que España deberá invertir contra este
problema «al menos 527 millones de euros» del dinero que perciba del
fondo Social Europeo Plus hasta 2027, adelantan a este medio desde el
Ministerio de Derechos Sociales. El Gobierno se enfrenta ahora al reto
de diseñar un Plan de Acción Nacional en la materia, para el que
trabajará con las administraciones regionales.
ha llegado el momento de su despliegue y puesta en práctica. Bruselas
elevó con esta medida la importancia de la lucha contra la pobreza en
los países de la UE, por la que obliga a que los Estados miembros con
tasas de pobreza más elevadas de la media europea dediquen al menos el
5% de lo que reciban del Fondo Social Europeo Plus a combatir este
problema que lastra el futuro de millones de menores. España, medalla de
bronce en pobreza infantil de la UE, es uno de estos países.
Ese 5% en España alcanza los 527 millones de euros en el periodo
2021–2027, explican en el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige
Ione Belarra, a este medio. Esta cuantía mínima puede incrementarse,
tanto desde el propio Fondo Social Europeo Plus, si España quisiera
destinar más dinero a combatir este problema, como desde otros fondos y
partidas presupuestarias. «Como se está pensando hacer», explican
también a este medio en el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil,
creado por el presidente Pedro Sánchez, que también está involucrado en
el desarrollo de este programa en España.
La puesta en marcha de la Garantía Infantil Europea no podía ser
más oportuna, tras la crisis desatada por la pandemia. Aunque todavía
no contamos con datos oficiales que muestren con rigor el impacto del
coronavirus en la pobreza, ya hay algunas cifras que revelan su aumento.
Las ONG especializadas en infancia, como Unicef y Save the Children,
y entidades como Cáritas insisten en que se trata de la punta del
iceberg y han disparado todas las alarmas sobre el empeoramiento del día
a día de las personas con menos recursos. Sobre todo, de las más pobres, en un país que ya contaba antes de la pandemia con muchas personas en riesgo de pobreza y una gran ‘bolsa’ de precarios.
La estrategia española debe estar lista en marzo
El Ministerio de Derechos Sociales es el que ostenta la
coordinación del desarrollo de la Garantía Infantil Europea en España.
La tarea la desempeña en concreto Violeta Assiego, directora general de
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, que coordina la
preparación de ese Plan Nacional de Acción desde la recién creada
Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En ella están
presentes el Alto Comisionado, los Ministerios con competencias en
infancia y el resto de administraciones regionales. El plazo que
Bruselas ha dado a los países para entregar sus estrategias es marzo de
2022.
«En la Conferencia Sectorial vamos a empezar a trabajar acuerdos
sobre qué políticas concretas, qué medidas se pueden desplegar. Las
comunidades tienen que elaborar sus programas operativos. Ellas tienen
muchas competencias en materia de infancia, como Educación, y lo que
queremos es poder caminar en la misma dirección con el Plan Nacional»,
explica Assiego a elDiario.es.
La directora general subraya la importancia de que la infancia
cuente con esta nueva Conferencia Sectorial, fruto de la Ley de
Protección a la Infancia, que permitirá discutir de manera trasversal,
tanto en temáticas como en administraciones competentes, un Plan
Nacional coherente y con objetivos comunes. En el Alto Comisionado
también señalan la relevancia de incorporar al despliegue de esta
estrategia a la Administración Local, a través de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias), ya que las entidades locales
también tienen competencias en asuntos relacionados con la infancia
vulnerable.
Primero: un análisis de partida
La próxima semana, la Garantía Infantil ya sumará un importante
hito. El miércoles, Unicef presenta junto al Ministerio de Derechos
Sociales y el Alto Comisionado un informe de estado de situación inicial
que le encargó la Comisión Europea, como trabajo previo de base para
que España prepare el Plan Nacional. La evaluación de Unicef, cuyos
autores son especialistas de la Universidad de Alcalá y el CSIC, no es
vinculante, pero sí será una referencia indispensable para elaborar la
estrategia española, apunta Assiego.
A raíz de este informe, la Conferencia sectorial de Infancia
iniciará sus trabajos para detectar qué colectivos vulnerables se van a
proteger con el Plan de Garantía Infantil, con qué medidas y qué
indicadores se medirán para comprobar la efectividad de las políticas y
para cumplir con el seguimiento que exige Europa. «España propondrá sus
indicadores con otros coordinadores nacionales de otros países y se
decidirá cómo hacer el seguimiento de la Garantía, que la Comisión
quiere evaluar con el horizonte de 2030 para ver si se están cumpliendo
las recomendaciones», explica Albert F. Arcarons, subdirector del Alto
Comisionado.
Todos los actores implicados insisten en la oportunidad única
que Europa ha brindado a España para abordar un problema enquistado
durante años, incluso en aquellos de bonanza económica, y que lastra el
desarrollo de las generaciones del futuro. Ahora, ha llegado el momento
de diseñar el plan y de garantizar una ejecución eficaz, destacaba en esta entrevista Carmen Molina, de Unicef.
«Aunque cada comunidad tenga sus competencias y pueda desplegar las
políticas que vea más oportunas, vamos a trabajar por conseguir un
paraguas común de estrategias», sostiene Assiego.