El derecho a la educación y a la salud son absolutamente compatibles,
y la mascarilla preserva a los dos derechos,
es la que vela por la protección de ambos derechos fundamentales.
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| CEIP Alba Plata de Cáceres EFE/V. ROSO |
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Extremadura, Gabriel Moreno González, asegura que en esta caso no hay
colisión entre dos derechos fundamentales, la educación y la salud, y
que son «absolutamente compatibles» porque los progenitores de las
menores no han argumentado otros derechos que puedan conculcarse al
obligarlas a ponerse mascarillas. «Podrían existir razones sanitarias,
religiosas o de objeción de conciencia», explica, pero no es esta la
situación.
A su juicio, este es el principal motivo por el que la norma del
centro debe prevalecer, puesto que es la que vela por la protección de
ambos derechos fundamentales. Si este reglamento no se respeta «de lo
que estamos hablando es de la negativa de dos ciudadanos a cumplir con
una normativa, lo que conlleva una sanción administrativa o la apertura
de la vía judicial», que incluso podría llegar a reformular la patria
potestad.
centro debe prevalecer, puesto que es la que vela por la protección de
ambos derechos fundamentales. Si este reglamento no se respeta «de lo
que estamos hablando es de la negativa de dos ciudadanos a cumplir con
una normativa, lo que conlleva una sanción administrativa o la apertura
de la vía judicial», que incluso podría llegar a reformular la patria
potestad.
Moreno González subraya que hay que tener en cuenta el interés superior
de las menores, que está por encima del de sus propios padres, por lo
que considera que lo más «sensato» es acudir a la justicia porque el
derecho a no usar mascarilla no existe, sino que su uso es un deber que
está recogido en una norma y en la ley. Al no haberse aducido otros
derechos que podría vulnerarse, «es como si se violan las normas de un
centro en cuanto al uniforme», afirma. Un caso «más complicado» sería la
vacunación, ya que entraría en juego el derecho a la integridad física.
de las menores, que está por encima del de sus propios padres, por lo
que considera que lo más «sensato» es acudir a la justicia porque el
derecho a no usar mascarilla no existe, sino que su uso es un deber que
está recogido en una norma y en la ley. Al no haberse aducido otros
derechos que podría vulnerarse, «es como si se violan las normas de un
centro en cuanto al uniforme», afirma. Un caso «más complicado» sería la
vacunación, ya que entraría en juego el derecho a la integridad física.
En términos similares se ha pronunciado este jueves la fiscal de
menores que investigará el caso, Yolanda Forte. Aunque ha precisado que
hasta el momento solo tiene la información que le ha llegado a través
de los medios de comunicación, la fiscal ha insistido en que la
educación es un derecho fundamental y se debe proteger el interés de las
dos menores.
menores que investigará el caso, Yolanda Forte. Aunque ha precisado que
hasta el momento solo tiene la información que le ha llegado a través
de los medios de comunicación, la fiscal ha insistido en que la
educación es un derecho fundamental y se debe proteger el interés de las
dos menores.
Forte ha recordado que en varios casos «en los que se puede
constatar una intencionalidad o una dejación intencional de los deberes
parentales de los progenitores o tutores, se ha llegado a formular
denuncia por abandono de familia«.
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