generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una
nueva Constitución;
polémicos presupuestos;
Merino tuvo que renunciar.
consideran injusto y corrupto.
El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano
no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones
más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas
multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde
que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o
la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A
partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en
Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la
extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una
situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar
respuestas adecuadas a los problemas de la población.
Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América
Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las
movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú,
Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la
desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de
oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas,
desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y
destrucción de mobiliario público.
A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de
esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni
traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un
ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han
convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.
«Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de
personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso
implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que
no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o
abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad
de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de
la población«, explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp,
investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en
Ginebra.
El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva
generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas «muy
deterioradas». «Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era
que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora
esto ya no se da», dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En
algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están
impulsando verdaderos cambios en sus democracias.
En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la
movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido
desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en
2006 con el denominado «movimiento pingüino», en el que estudiantes de
educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema
impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento
abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios.
Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde
generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric,
ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.
«No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el
cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene
la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos
traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año
pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de
excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera», explica a este
medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la
Universidad de Chile.
La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019,
a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro
de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del
alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a
las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del
salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en
salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. «En esas
marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera
línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero
también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada
con la educación», aclara Heiss.
Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de
los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar
un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se
redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada
de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido
a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna.
«Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes
menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera
masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la
Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían
impulsado en la calle», recuerda la politóloga chilena.
Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está
debilitado por las protestas, sino también porque «ha perdido toda
capacidad de regular lo que hace el Congreso». Ejemplo de ello,
continúa, «es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que
permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus
fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno»,
pero «ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada
por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo».
«Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas
y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo
descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el
propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran
en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo
neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por
la derrota aplastante de la votación de octubre», concluye Heiss.
Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de
abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa
habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera
de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que
obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la
vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de
corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente
dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las
consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica
gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel
destacado, supuso todo un hito. «Los estudiantes de universidades
privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en
2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas.
Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez
Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad», recuerda
Reyes a elDiario.es.
Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la
nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en
llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de
noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para
2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas
sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos
presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en
estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la
corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro
Giammattei.
otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de
los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va
a tener el efecto de fortalecer esa convicción», dice por su parte el
procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de
estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la
aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el
Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto
muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país
de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170
fallecidos y más de 122.000 contagios.
Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales
también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado
guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y
del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación
ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país
en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de
que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no
renovar el mandato de ese organismo.
Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra
como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador
de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino,
hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.
Después de una semana de convulsión política, el liberal
Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante
tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y
garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de
abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales
como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han
tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena
pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un
millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó
dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes
no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la
Constitución y el fin de la corrupción.
En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de
jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que «han aprendido a
organizarse y politizarse a través de redes sociales», asegura Matheus
Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. «Es una generación
que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar
fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha
aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de
Youtube, Tik Tok o Instagram», explica este joven de 26 años que ya ha
participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.
Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios
llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más
allá de la clase media, porque de lo contrario, «solo habrá parches».
En los últimos años en países como Argentina el movimiento
feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres
jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo
el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la
agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del
aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en
2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía
despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país
podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal,
segura y gratuita.
Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto,
que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta
madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo
hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los
profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.
Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción
los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas
generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y
utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política,
manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.