«El l Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional establece
que el consentimiento de la madre y el padre biológicos, pero en particular el de la madre,
debe haberse obtenido después del nacimiento de la criatura, nunca antes,
y sin que haya a cambio pago o remuneración de cualquier tipo».
«Para respetar los derechos humanos de los niños y las niñas,
primero debemos considerarlos como seres humanos,
no como objetos que se pueden obtener por encargo y contrato».
La organización intergubernamental de carácter
mundial
se reúne en Holanda para presionar
y «reconocer de facto la
aceptabilidad de la subrogación
a través de la filiación de las
criaturas que nazcan por explotación reproductiva».
mundial
se reúne en Holanda para presionar
y «reconocer de facto la
aceptabilidad de la subrogación
a través de la filiación de las
criaturas que nazcan por explotación reproductiva».
Cuatro días para poner como excusa
el respeto a las niñas y niños nacidos de la explotación reproductiva
para que se acepte su regulación.
. Esa es la
estrategia que la Coalición Internacional para la Abolición de la Gestación por Sustitución
(CIAMS) denuncia que pretende llevar a cabo la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado y que desemboca «en el debilitamiento y
la devaluación de estos derechos», tal y como cuenta Berta O. García, copresidenta de la plataforma feminista.
Y es que, según
parece, desde el 12 de octubre al 16 La Conferencia que reúne a 84
Estados de todos los continentes más la Unión Europea, y que se define
como «crisol de diversas tradiciones jurídicas, elabora
instrumentos jurídicos multilaterales que responden a necesidades
mundiales, al tiempo que garantiza su seguimiento», estaría diciendo una
cosa y haciendo la contraria en los que a vientres de alquiler se
refiere.
Según explica Marie-Josèphe Devillers,
copresidenta de la CIAMS, «el grupo de trabajo dedicado a este proyecto
legislativo niega tomar partido a favor o en contra de la explotación reproductiva,
al tiempo que afirma que, dado que existe, sería necesario regular las
consecuencias vinculadas a los acuerdos de gestación subrogada de
carácter internacional».
Lo privado manda
La táctica de
blanqueamiento de la explotación reproductiva denunciada por las
abolicionistas la hacen mediante los propios estatutos de La Conferencia
basados en tender puentes entre los diferentes sistemas jurídicos de
los estados miembros. «Las situaciones personales, familiares o comerciales en las que se halla implicado más de un país
son más que habituales en el mundo moderno. Tales situaciones pueden
verse afectadas por las diferencias que existen entre los sistemas
jurídicos vigentes en estos países. Con el fin de resolver estas
cuestiones, los Estados han adoptado reglas especiales conocidas en su
conjunto como «Derecho internacional privado», según describe la propia
entidad de sí misma.
«El lobby de la industria reproductiva se ha instalado en todas las esferas de poder».
Con esta posición, la Conferencia de La Haya, según añade Ana-Luana Stoicea Deram, también copresidenta de la CIAMS, la entidad pretende que sus integrantes
–que no son solo los 85 miembros sino también un número creciente de
Estados no miembros que se están adhiriendo a sus Convenios y que llegan
a ser 150 países en los trabajos que llevan a cabo– acaben apoyando la explotación reproductiva.
«Contrariamente a lo que la Conferencia de La Haya quiere hacernos
creer, para respetar los derechos humanos de los niños y las niñas,
primero debemos considerarlos como seres humanos, no como objetos que se
pueden obtener por encargo y contrato».
La Organización
situada en La Haya, ciudad conocida por ser la capital de la Justicia
Internacional, está financiada por sus Estados miembros, así como con
recursos financieros de otras fuentes para proyectos específicos y se
describe «como un centro de cooperación judicial y administrativa internacional
en materia de Derecho internacional privado, en particular en los
ámbitos de la protección del niño y de la familia, del procedimiento
civil y del Derecho comercial».
Algo que para
García es un oxímoron. «Si, en lugar de pronunciarse claramente por la
protección de los recién nacidos y las mujeres involucradas como gestantes en esa práctica conocida como gestación subrogada o vientres de alquiler, persiste en su afán de dar carta de naturaleza a los contratos firmados en condiciones de desigualdad
y asimetría entre personas adultas que convienen la fecundación, la
gestación y el nacimiento de un bebé que va a ver sus derechos humanos
usurpados desde que viene al mundo son responsables directos».
Además, para esta integrante de la RECAV (Red Estatal contra el Alquiler de Vientres),
«lo que La Haya pretende es que las sentencias extranjeras relativas a
la paternidad y maternidad por gestación subrogada sean reconocidas como
de derecho. Sin embargo, sabemos que la gestación subrogada ofrece un doble producto:
un bebé más su filiación a favor de las personas que lo han encargado
por contrato. Y obviar esto en un protocolo es aceptar de facto la
subrogación».
Hacer caja a través de convertir en hornos a las mujeres
Una situación que redundaría en el aumento del beneficio de la industria proxeneta de la explotación reproductiva.
«El l Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional establece que el
consentimiento de la madre y el padre biológicos, pero en particular el
de la madre, debe haberse obtenido después del nacimiento de la criatura,
nunca antes, y sin que haya a cambio pago o remuneración de cualquier
tipo. Pero, sin embargo, el acuerdo previo al nacimiento del bebé –en
lo que respecta a la renuncia a la filiación por parte de la madre–
constituyen el núcleo caliente de la subrogación. Así que por una parte
combaten una cosa y por otra parte quieren regular lo mismo que
combaten. ¡Es de locos!«, recalca García.
«Existe una voluntad de cambio en el lenguaje para convertir esta práctica en algo menos repulsivo».
A
esto se suma lo que desde la CIAMS vienen observando desde hace tiempo.
«Existe una voluntad de cambio en el lenguaje para convertir esta
práctica en algo menos repulsivo». Proponen, por ejemplo, que los
términos a utilizar sean más «neutros» y que en lugar de «madre
gestante» se recurra a términos como «subrogada» o «mujer gestante». Que
se borre toda referencia a la maternidad de la mujer que se embaraza y
trae una criatura al mundo por encargo y contrato. Es como si las
terapias de desapego que se aplican a las madres gestantes quisieran
también invadir el lenguaje. Me disocio, «no soy yo, es mi cuerpo el que
gesta».
El resultado de ello sería lo que las abolicionistas definen como esclavitud 2.0. «La subrogación es, en pleno siglo XXI, la triste heredera de la esclavitud de las mujeres negras:
los hijos e hijas que traían al mundo eran propiedad del amo que había
pagado por ellas. Cualquier forma de opresión y de discriminación es
mucho más duradera en las mujeres. Si bien es cierto que aún existen
focos de esclavitud en el mundo a nadie se le ocurriría que hay que
regular la compraventa de esclavos y, sin embargo, aún hay gente que se
traga con naturalidad que una mujer pueda ser usada y explotada
reproductivamente y que haya recién nacidos que son objeto de
transacción. Afortunadamente, en España se ha ido desarrollando durante
los últimos 4 o 5 años una conciencia social en contra de esta
práctica».
Ante la barbarie, un Convenio Internacional
La celebración de este cónclave de cuatro días no va a pasar desapercibida, tal y como pretendía La Haya. Tendrá de frente a la Coalición Internacional compuesta por 35 organizaciones de 11 países
de distintos continentes. A su vez, cada una de esas 35 organizaciones
aglutinan un número importante de asociaciones no formalmente
constituidas.
Una barrera contra
los vientres de alquiler que sin presupuestos millonarios se nutre de
la sororidad y que ha preparado un Convención Internacional
Abolicionista para hacerle frente. «Esta Convención que acabamos de
presentar marcará un hito histórico. Porque es así. Que se nos llena la
boca con Seneca Falls y nos pasan desapercibidas algunas cosas
que ocurren en el presente. Esta es nuestra fuerza, el feminismo y los
Derechos Humanos, y también una voluntad de hierro, claro está, porque
el lobby de la industria reproductiva ha logrado instalarse en todas las
esferas de poder, desde el mediático hasta el legislativo en muchos
países», recalca García.
Un hito que la CIAMS reconoce les llevará un trabajo ímprobo. «Hay que conseguir que las instituciones políticas y legislativas,
tanto nacionales como internacionales suscriban la Convención. Tenemos
la confianza en que España la suscriba sin problema, ya que los dos
partidos que gobiernan en coalición se han declarado abiertamente en
contra de los vientres de alquiler y así consta además formalmente en su
acuerdo de gobierno».
Aún así el
esfuerzo es lo de menos. «Vamos a alentar a los Estados a que se atrevan
a luchar contra el mercado de seres humanos, a que se atrevan a
rechazar la instrumentalización de las mujeres, de todas las mujeres, en
todo el mundo», dice Marie-Josèphe Deviller. «La valentía
política consiste en no ceder a la propaganda comercial de la industria
globalizada de la subrogación. La valentía política es trabajar por la
igualdad entre mujeres y hombres y abolir una práctica patriarcal y
reaccionaria», finaliza Ana-Luana Stoicea Deram.
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