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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN – ES), con presencia en todas las comunidades y ciudades autónomas, ha realizado una
encuesta a 90 entidades sociales en 11 comunidades autónomas, con el
objetivo de detectar las necesidades de las personas que
atienden durante la crisis provocada por el coronavirus, así como sus demandas para seguir desempeñando su programas y proyectos de atención a la población más vulnerable.
La encuesta indaga sobre el grado de afectación de diferentes
grupos sociales y de los principales problemas que tienen que enfrentar a
causa de la crisis sanitaria y sus repercusiones sociales y
económicas. También se analiza el impacto de las modificaciones en
los servicios públicos y una valoración de los servicios y medidas que
se ponen en marcha en los tres niveles de gobierno o gestión
administrativa.
Las entidades sociales señalan que las personas más afectadas de
sus proyectos son mujeres, personas mayores, infancia y
adolescentes.
Estas personas y sus familias apenas tienen capacidad de
responder a una crisis de este nivel. Las mujeres sufren
especialmente, pues los trabajos precarizados están feminizados. Los
problemas que generan los cuidados y la conciliación, las dificultades
crecientes de las familias monoparentales y la reducción de la
protección contra la violencia de género también afectan casi
exclusivamente a las mujeres
Las personas mayores y la infancia, por ser grupos especialmente vulnerables,
también se han visto fuertemente afectadas por la crisis.
En
el caso de las personas mayores, muchas de ellas no disponen de
servicio de ayuda a domicilio y han visto paralizadas o notablemente
reducidas las valoraciones de dependencia y discapacidad. Para la
infancia, la brecha digital y la seguridad alimentaria son problemas que
se han visto agravados.
Por último, según el tipo de vulnerabilidad principal que padecen,
todos los grupos que se investigan son calificados como “muy
afectados” por la amplia mayoría de las entidades sociales: Personas
sin hogar, desempleadas por la crisis, familias numerosas y
monoparentales en situación de pobreza, personas con discapacidad y/o
dependencia, personas con enfermedad mental, población inmigrante o
refugiada en situación vulnerable, población gitana en situación de
vulnerabilidad, personas que se dedican a la prostitución, las personas
reclusas y las personas con problemas de drogodependiencia por la
dificultad para mantener el tratamiento.
Esta encuesta demuestra que la crisis provocada por el COVID-19 no
es solo sanitaria y su componente social y económico se vuelve más
importante cada día. Las personas y grupos más vulnerables han visto
crecer su indefensión, teniendo que afrontar nuevos problemas a corto y
medio plazo.
El trabajo que las entidades realizan permite conocer en detalle la situación real de las personas sobre las nuevas medidas que se están poniendo en marcha en los diferentes niveles de gestión. Los datos muestran que, a pesar del esfuerzo, la opinión dominante es que las medidas son claramente insuficientes para contener las consecuencias sociales de la pandemia.
A las entidades del tercer sector de acción social les
preocupa también los recursos para llevar a cabo sus tareas, pues hay
una gran incertidumbre respecto al cumplimiento de los compromisos
presupuestarios de los programas en marcha; así como la necesidad de
obtener permisos de movilidad para atender a aquellas personas que no
pueden salir de sus domicilios, y la falta de equipos de protección
individual, geles, guantes y mascarillas para su personal laboral
y voluntario.
El informe de la EAPN-ES, Seguimiento del impacto social y económico de la crisis del Coronavirus en www.eapn.es/covid19.